Peligran los fondos del Ioma.

Fiel a su estilo, el gobierno provincial, en una actitud rastrera, incorpora en el Proyecto de Ley de Ministerios, un artículo ( el 57), que nada tiene que ver con los ministerios,  en el que plantea la modificación del art. 12 de la Ley del IOMA, que dice, en su inc. f) “El superávit que se establezca al cierre de cada ejercicio financiero, que como recurso propio será contabilizado en el ejercicio siguiente”; agregando en dicho proyecto: “a excepción de aquellos fondos que, por motivos fundados, el Poder Ejecutivo destine al cumplimiento de proyectos de acceso a la salud.”


Ante esta situación la Dirección de Servicios Sociales  de la Asociación Judicial Bonaerense, declara:



La regulación jurídica aplicada al IOMA encabezada por la Constitución Nacional, que en su art. 14bis dispone que las entidades  nacionales y provinciales que prestan el seguro social obligatorio gozan de autonomía económica y financiera y serán administradas por los interesados; en el caso del IOMA sus afiliados obligatorios, los empleados del Estado provincial y los jubilados y pensionados del IPS, con participación del Estado.


El art. 40 de la Constitución Provincial, si bien no cumple este último mandato (administrado por los interesados con participación del estado), establece que el IOMA y el IPS gozan de esa autonomía, es decir de recursos propios para fines de prestación de la salud de sus afiliados obligatorios, provenientes de sus aportes salariales.


Por lo tanto, el IOMA es la Obra Social de los estatales activos y pasivos y su patrimonio social les pertenece en exclusividad. Ninguna ley puede permitir que el Estado,  aprovechando el manejo administrativo de los recursos del IOMA, los desvíe a otros fines que deberá atender con otros recursos.


La vaga expresión “…..destine al cumplimiento de proyectos de acceso a la salud” es una clara disposición dirigida a solventar, entre otras cosas, al Programa Federal de Salud y a la Cobertura Universal de Salud,  ambos programas nacionales, que deben ser solventados por el Estado Nacional.


El art. 57 del Proyecto llamado “Ley de Ministerios” del Poder Ejecutivo enviado a la Legislatura es inconstitucional, viola nuestros derechos laborales y humanos y es nulo de nulidad manifiesta (art. 57 de la Constitución de la Provincia)


Servicios Sociales de AJB


LA PLATA, DICIEMBRE DE 2007